El vicepresidente del gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez-Rubalcaba, tiene mucha razón cuando dice que la policía está para evitar problemas y no para crearlos. Y es que la Junta Electoral, al prohibir las manifestaciones del movimiento 15-M, no ha tenido en cuenta factores fundamentales.
Si el derecho a manifestarse pacíficamente puede restringirse con el pretexto de que hay por medio un proceso electoral, es discutible y muy arriesgado. Discutible porque si la manifestación es pacífica y al margen del proceso electoral no debe prohibirse. Y peligroso porque puede ocasionar disturbios mucho más graves, que la propia manifestación. Es un riesgo que la Junta Electoral no ha tenido en cuenta.
La Justicia y las Fuerzas de Seguridad están para garantizar derechos, para evitar conflictos, para pacificar la situación. Si la manifestación no ha creado ningún conflicto público, la prohibición puede ser provocar el efecto contrario. Las Fuerzas de Seguridad deben estar muy alerta para que no se altere el orden. Pero si el orden y la Ley no se alteran, no deben intervenir.
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