DESPUÉS DE LA LODE

Quiero empezar dejando claro que no estoy en contra de la enseñanza privada, ni de la concertada. La concertada y la privada son dos ofertas más que enriquecen el panorama de nuestro sistema educativo. Ponen en el mercado dos productos más que contribuyen a una mayor libertad a la hora de elegir diferentes opciones. En España esta cuestión está perfectamente reglamentada desde la aparición de la LODE, en el año 1985, siendo ministro de Educación José María Maravall Herrero.

Tampoco es justo meter en el mismo saco todas las enseñanzas privadas. Ellas, junto a las concertadas ofrecen un variado abanico, con opciones muy distintas unas de otras. Una cosa son las empresas que ofertan al mercado colegios de élite. Colegios destinados a un sector social que, al más puro estilo anglosajón, quieren intencionadamente distanciarse del resto de la sociedad. En general son privados, costeados por los propios alumnos, como no podía ser de otra manera. Y otra cosa muy distinta son los colegios, en general concertados, que suplen en unos casos, o complementan en otros, a la enseñanza pública del Estado.

Por tanto, pública y privada, pueden y deben convivir juntas armoniosamente. A lo que no se puede volver, es a aquellas épocas en las que la diferencia estaba en mejor dotación, “más calidad”, y un entorno social más seleccionado en las privadas que en las públicas. Afortunadamente ya pasó a la historia aquella época, no muy lejana, en la que decir, que haber podido ir a un “colegio de paga” era garantía de una mejor formación. Iban al de paga quienes podían pagarlo.

Pues bien, el problema que yo veo subyacer en los recortes de la enseñanza pública, tan de moda en estos días por gobiernos de la derecha, es la vuelta a esa diferenciación. Diferenciación que es muy grave, porque determina diferencias sociales según el estatus económico y cultural de la familia. Es lo peor que puede suceder en una sociedad democrática y moderna. Supone romper el principio de igualdad de oportunidades que tenemos todos los ciudadanos. Volver totalmente a los años anteriores a la LODE, no va a suceder. Eso es imposible. Pero sí podemos dar un pasito atrás en lo que se ha avanzado en estos años de democracia.

¿Y cómo evitarlo? ¿Cómo garantizar ese principio de igualdad de oportunidades de un alumno, sea cual sea el estatus económico, cultural y social de su familia? La contestación es clarísima: el Estado está obligado a potenciar una enseñanza púbica de calidad para todos los que lo quieran. La virtud de la enseñanza pública es que supone, o debe suponer, la garantía de igualdad ante toda la sociedad. Una enseñanza pública con medios, con recursos, con las puertas abiertas a todo el que quiera acogerse a esa opción. Y quien quiera otra opción que la elija, libremente. Pero no podrá decir que lo hace porque se va a una enseñanza de más calidad. Lo hará porque quiere ese otro estatus, esa otra opción.