AMPARAR LA CORRUPCIÓN

Todo parece indicar que Mariano Rajoy ha tenido que ceder a las presiones de Francisco Camps, para que lo ratifique como candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana. Se trata de una de las decisiones más arriesgadas por las que ha tenido que pasar el presidente del Partido Popular. Quizá no haya tenido otra solución; quizá haya llegado a esa situación por su costumbre patológica de dejar que los problemas se solucionen solos; quizá porque su ramificación haya ido muy lejos; o quizá sea la constatación de su falta de liderazgo.

Sea cual sea la causa de su decisión, lo cierto es que, desde todos los ámbitos políticos y mediáticos, está recibiendo reproches de toda índole. Y es lógico. Lógico porque el asunto es muy feo. Feo, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista político. Es un asunto que afecta, primero a Rajoy, y puede afectar a muchos de los candidatos autonómicos, pasando por María Dolores de Cospedal, como secretaria general y como candidata a la presidencia de Castilla-La Mancha.

Tanto Camps como Rajoy tendrán que explicar, y asumir responsabilidades algún día, porqué Rajoy cuando accedió a la presidencia del PP, hace ya ocho años, que no son pocos, recomendó, o más bien prohibió, que ningún líder del partido tuviera contactos con la red de Francisco Correa, -él sabría porqué- y que nadie en Valencia, en Madrid, entre otros lugares, no le hicieran ni caso. De ahí arranca el problema.

Por otra parte, se siente o no Camps en el banquillo, gane o no gane las elecciones en Valencia, llegue o no Rajoy a marzo de 2012 al frente de la presidencia del partido, llegue o no llegue a la Moncloa, el amparo a procesos de corrupción, habrá quedado en su currículo. No me interesan las consecuencias políticas que tendrán los presuntos procesos de corrupción. Si Camps y todos los imputados en la trama Gürtel han cometido delito o no, lo dirán los jueces. Lo que nos interesa a los ciudadanos, es la actitud moral y política ante la corrupción.

Camps puede ganar las elecciones, incluso puede arrasar, pero nunca será una sentencia. La sentencia la dictará un juez. Conocemos a políticos que han ganado elecciones en Marbella o en Italia, y no los han absuelto. Las urnas no absuelven. Las urnas no limpian las malas conductas en la función pública. Las sentencias judiciales llegan tarde, pero llegan. En Marbella han tardado más de quince años después de que todos supiéramos que allí todo andaba manga por hombro. En Italia, a Berlusconi no lo han echado los electores, pero terminará echándolo la Justicia.

Cuando en Valencia, en Madrid, y en otros lugares, la Justicia ponga a cada uno en su sitio, el daño político estará hecho. Saldrá a la luz lo que todos ya sabíamos desde hace mucho tiempo. Y todos los implicados, sea cual sea la sentencia, habrán contribuido al desprestigio de la política, al desprestigio de la democracia. En definitiva serán los culpables de la desafección hacia los políticos. Unos por acción, y otros por omisión. ¿Cuándo llegará el día en que los electores echen a los corruptos?